Notícia al diari Levante sobre la Campanya d'Autoinculpacions d'Avortament a Castelló

Açò ha aparegut en l'edició d'avui del diari Levante:

Los juzgados citan a declarar a mujeres de Castelló que se autoinculparon de aborto

La Xarxa Feminista de la Plana denuncia una supuesta «intimidación policial» a las afectadas

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Nacho Martín, Castelló
Los
tribunales de Castelló han comenzado a investigar y citar judicialmente
a castellonenses que se auntoinculparon de haber abortado como medida
solidaria y de protesta contra la persecución a mujeres que habían
interrumpido su embarazo en clínicas de Madrid y Barcelona, según
confirmaron ayer fuentes próximas a la Audiencia Provincial.
Dichas
autoinculpaciones se enmarcaban dentro de una campaña nacional liderada
por asociaciones feministas (y respaldada por cientos de colectivos
sociales) que recogió y presentó más de 16.000 autodenuncias a todos
los juzgados de España.
En el caso de Castelló, la Xarxa Feminista
de la Plana entregó el pasado 8 de marzo al Juzgado de Guardia un total
de 105 inculpaciones de hombres y mujeres (por abortar o acompañar a
las interesadas) dentro de una jornada de acciones para celebrar el Día
de la Mujer Trabajadora.
A fecha de hoy, la mayor parte de los
tribunales españoles han archivado los posibles delitos por considerar
que no existían actos ilícitos al tratarse de autoinculpaciones en el
marco de una campaña que pretende abrir un debate público sobre la
despenalización del aborto y que reivindica una cobertura a las mujeres
para que puedan abortar sin riesgos en la red sanitaria pública.
A
modo de ejemplo, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Tarragona
concluye sobre las autoinculpaciones de la misma campaña que «no
implican en absoluto un ilícito penal, sino que estamos ante una
reivindición de un colectivo de personas que luchan por conseguir la
práctica del derecho al aborto y a la salud sexual reproductiva, siendo
las mujeres las que tengan el derecho a decidir, reivindicación que
extienden también a que se despenalice el aborto y no sólo eso, sino
que sea una prestación sanitaria normalizada dentro de la Salud
Pública».
A juicio del magistrado Ángel Martínez Sáez, «estamos ante
un supuesto sin relevancia penal donde un colectivo importante de
ciudadanos/as han decidido plantear una reivindicación de modificación
de la regulación del aborto, habiendo optado para dar resonancia a su
reivindicación mediante estas autoinculpaciones colectivas al efecto de
obtener una mayor resonancia mediática y de los poderes públicos».
A
pesar de estos antecedentes, fuentes próximas a la investigación
precisaron que a fecha de hoy ya han sido llamadas a declarar dos
mujeres. En el primero de los casos, la Policía Judicial se habría
personado en el domicilio de la afectada para que se presentara en la
comisaría. Una vez en las dependencias policiales, fue sometida a un
interrogatorio.
Según las mismas fuentes, la segunda de las
afectadas recibió el pasado 23 de octubre una llamada telefónica de la
Policía Nacional para requerirle que se presentara al día siguiente en
la Comisaría al objeto de prestar la correspondiente declaración.
Denuncia de la Xarxa Feminista
La
Xarxa Feminista denunció ayer que estas citaciones son una «persecución
política, policial y judicial» y criticó especialmente la
«intimidación» que están sufriendo las mujeres por las llamadas
directas de la policía y la presión psicológica que ello supone.
«Consideramos alarmante que las citaciones en dos casos se hayan
realizado a través de la Guardia Civil y la Policía, lo cual es
absolutamente intimidatorio, porque lo más adecuado sería que el
juzgado citara por correo a las personas y no a través de los agentes,
para que las declaraciones se realizaran con la mayor seguridad y
garantías jurídicas». Las portavoces del colectivo explicaron que
comprenden la labor de los juzgados, aunque quisieron hacer hincapié en
que las autodenuncias colectivas perseguían únicamente una
reivindicación social. «Compartimos que los juzgados han de investigar
cualquier denuncia que pueda ser constitutiva de delito, pero creemos
innecesario perseguir judicialmente estas auto-denuncias colectivas,
que tenían por objeto promover el debate público y reclamar la
despenalización del aborto y la cobertura gratuita de la red sanitaria
pública como un derecho básico de las mujeres. La cuestión no es que
defendamos el aborto, sino que defendemos el derecho a decidir».

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http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008110200_2_51441...