Si Antonio Marín Segòvia fóra el Subdelegat del Govern de la República Valenciana a Castelló , a l’assabentar-me de l’existència d’unes obres il·legals en el destacat Parc de Ribalta, immediatament haguera donat les instruccions als cossos de seguretat republicans de la nostra República Valenciana per a detenir als responsables de l’empresa LUBASA per ocupar il·legalment patrimoni cultural valencià i sol·licitar a la Fiscalia l’obertura de Diligències d’Instrucció Penal contra l’Ajuntament de Castelló per realitzar obres contravenint la Sentència del Tribunal Superior de Justícia. I evidentment, mai haguera enviat a la policia a detenir a un ciutadà que intenta simplement lluitar contra les il·legalitats i violacions que cometen les institucions públiques, les actuals dinàstiques que no les republicanes, a Castelló. Un demòcrata, un funcionari digne mai haguera dictat cap ordre de detenció contra Vicent Grau, un ciutadà que fa el que haurien de fer les institucions i els representants públics; no obstant això si haguera iniciat les actuacions per a detenir i processar als responsables de LUBASA i de l’Ajuntament de Castelló per les seues reiterades violacions de la legalitat i per la comissió d’obres sense llicència. L’actual subdelegat del Govern dinàstic del PSOE hauria d’haver retirat la denúncia contra el ciutadà Vicent Grau fa temps. I si realment l’actual Subdelegat del Govern, del partit dinàstic que fa el paper de ‘liberal’, D. Antonio Lorenzo fora un servidor del poble valencià, un demòcrata, haguera iniciat les actuacions judicials per a processar immediatament a una empresa denominada LUBASA i a l’Ajuntament de Castelló per realitzar obres sense llicència en un parc protegit. Lamentablement el Subdelegat del Govern i l’Alcalde de Castelló estan més al servei d’empreses com Lubasa i dedicant-se a perseguir als ciutadans demòcrates que intenten vetlar pels interessos del poble valencià.
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- Antonio Marín Segovia a més de destacat membre de l’assemblea de República Valenciana-partit valencianista europeu, és el President de l’associació Cercle Obert de Benicalap i com a tal ha defensat en innumerables ocasions el patrimoni cultural valencià, a continuació les seues intervencions respecte al Parc Ribalta de Castelló.
EN DEFENSA DE “SOS PARQUE RIBALTA” Y CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CASTELLÓN La obligación de conservar y proteger el Patrimonio Histórico-Artístico y Natural es una necesidad y un deber oficial, siendo una competencia que deben asumir y aplicar las instituciones locales, autonómicas, provinciales… tal y como establece y señala nuestro ordenamiento jurídico. Insistimos en que las personas que deberían haber sido detenidas en su día y procesados el próximo jueves, 21 de mayo de 2009, son el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Castellón, los responsables de la empresa LUBASA y el Subdelegado del Gobierno, al permitir la realización obras ilegales en un espacio protegido, dada la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que prohibe tajantemente la realización de cualquier tipo de obras en el interior del Parque de Ribalta. Las funciones de un Subdelegado del Gobierno, entre otras, es velar por el cumplimiento y respeto de la ley; por ello resulta incomprensible e intolerable que se detenga y procese mañana a Vicent Grau y a otros tres ciudadanos, dado que los referidos democráticas, han tenido la necesidad de asumir las competencias y funciones propias (tal y como establece la vigente Ley de Patrimonio Cultural) que no quieren aplicar y ejecutar la administración local, autonómica, central… en Castellón. Artículo 5. Colaboración de los particulares. 1. Los propietarios y poseedores de bienes del patrimonio cultural valenciano deben custodiarlos y conservarlos adecuadamente a fin de asegurar el mantenimiento de sus valores culturales y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. 2. Cualquiera que tuviera conocimiento del peligro de destrucción, deterioro o perturbación en su función social de un bien del patrimonio cultural, o de la consumación de tales hechos, deberá comunicarlo inmediatamente a la administración de la Generalitat o al Ayuntamiento correspondiente, quienes adoptarán sin dilación las medidas procedentes en cumplimiento de la presente Ley. 3. Todas las personas físicas y jurídicas están legitimadas para exigir el cumplimiento de esta Ley ante las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. La legitimación para el ejercicio de acciones ante los tribunales de justicia se regirá por la legislación del Estado. 4. La Generalitat Valenciana fomentará el marco de colaboración con asociaciones de voluntariado para la conservación y difusión del patrimonio cultural valenciano. Antonio Marín Segovia Cercle Obert de Benicalap Lamentablemente, las instituciones valencianas se caracterizan por ser los protagonistas de numerosas violaciones y vulneraciones legales, dado que son los agentes que más delitos y atentados cometen contra el Patrimonio y contra la convivencia (tanto por acción como por omisión).Ante la inercia, pasividad e indolencia institucional, los ciudadanos tenemos que asumir las funciones propias que deberían acometer los funcionarios judiciales y organismos públicos (Fiscalía, Policía, Delegación del Gobierno, Generalitat, Ministerio de Cultura…),La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano establece, con total claridad, las bases y medidas necesarias para la adecuada y completa conservación y recuperación del legado patrimonial, en aras a evitar la alteracióno perdida de bienes protegidos y singulares. El Ayuntamiento de Castellón y la Consellería de Cultura deben agilizar los tramites para que se apruebe y se declare, con carácter urgente, Jardín Histórico al Parque de Ribalta, tal y como numerosas entidades cívicas han solicitado formalmente (SOS Ribalta, entre ellas). El mencionado espacio verde, debe ser declarado Jardín Histórico inmediatamente, dado que reúne todas las condiciones contempladas en la normativa autonómica, estatal y europea, entre ellas el jardín romántico mejor que existe en todo el País Valenciano, tal y como reconocen las distintas universidades valencianas, el CVC… El Parque Ribalta de Castellón debe ser conservado, evitando la modificación y alteración de su estructura inicial, con la realización de infraestructuras agresivas. Esas tareas u obras, proyectadas por el Ayuntamiento, pueden y deben realizarse en otras partes y zonas de la ciudad de Castellón, evitando la modificación del aspecto actual del Parque de Ribalta. El Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia. El PGOU vigente, prohíbe la realización de cualquier tipo de obras en el Parque de Ribalta de Castellón. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia ha exigido al Ayuntamiento la inmediata ejecución de la sentencia y la no realización de ningún tipo de obras en el interior del citado espacio verde. En consecuencia, el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat, no se ajusta a Derecho, al no respetar el fin y el objetivo de un jardín catalogado, siendo totalmente ilegal, dado que la realización de las obras previstas, alteran y degradan de manera grave la estructura singular y única de uno de los espacios ajardinados de mayor solera de todo el País Valencianos, modificando los fines de un espacio verde, zona cuyo cometido fundamental es permitir el relax de sus visitantes presentes y futuros. Reiteramos que el mencionado proyecto que desea realizar el Ayuntamiento de Castellón, en colaboración con la Generalitat Valenciana, en el magnífico Parque de Ribalta, destruye y altera totalmente el trazado original, desvirtuando lo que es todavía hoy un valioso y singular jardín histórico, de estilo romántico. Numerosas instituciones de gran prestigio (Universidad Politécnica, Academia de San Carlos…) se han pronunciado contra las obras que desean acometer el Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat, al alterar y modificar la estructura original de un jardín histórico, de gran valor, dada las funciones que desempeñan los espacios verdes dentro de las ciudades y núcleos altamente poblados. Nuestra entidad respalda íntegramente las peticiones de la Plataforma SOS Ribalta y solicita el archivo de la denuncia judicial, interpuesta contra los ciudadanos, dado que tenemos el deber y la obligación, ante los abusos institucionales, de protestar y expresar nuestro malestar. La escalada de persecuciones y acoso judicial, policial e institucional que padecen muchos ciudadanos en Castellón desde hace años, es totalmente inadmisible, antidemocrático e ilegal, dado que vulnera la Constitución de 1978 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, solicitamos que la Fiscalía General del Estado incoe una investigación para depurar las responsabilidades penales a las que hubieran incurrido los funcionarios policiales, el Ayuntamiento de Castellón y el Subdelegado del Gobierno, Sr. Antonio Lorenzo. También conviene recordar la existencia de una Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, normativa que no es acatada ni respetada por las autoridades municipales de Castellón y por el conjunto de instituciones que conforman la Generalitat Valenciana, siendo urgente que la Fiscalía adopte las medidas oportunas y urgentes en aras a detener el expolio y destrucción de un bien protegido como es el caso del Parque de Ribalta, dado que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que prohíbe de forma rotunda la realización de obras en el interior del citado parque público.
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